Guerra por la cuota política

En algunos de ellos, esta renovación inminente es por ley (algunos puestos de los reguladores de energía y telecomunicaciones), pero lo cierto es que el PSOE está calentando los motores para ampliar como sea sus posiciones antes de la cita con las urnas. El reparto de cargos con el PP  ya ha empezado.

Pero detrás de esta dura batalla, los organismos rezan por que el Gobierno coloque perfiles puramente técnicos para garantizar que los sesudos informes de los técnicos salgan del consejo arropados de la supuesta independencia que debería regir en ellos. El temor de que el Gobierno se centre sólo en pelear su cuota es total.

El problema que se plantea aquí es que perfiles altamente cualificados, con prestigio y que además sean de la confianza del Gobierno no se encuentran tan fácilmente. "En la industria se gana más dinero", advierte un ex consejero.
En este sentido, y salvo excepciones, lo que para unos es ganar poco, para otros es la puerta a un mundo nuevo de ventajas.

Para cumplir con los requisitos anteriores, al final los gobiernos tiran de personas de avanzada edad, a quienes no les importa finalizar su carrera en dichos organismos. Un ejemplo: María Teresa Estevan Bolea, ex presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que tuvo que cesar por motivos de edad.

 “Están convirtiendo los reguladores en cementerios de elefantes”, dice otro ex consejero. Los perfiles de mediana edad y con prestigio son los menos. Si al final acceden al cargo, lo habitual es que escapen rápido  hacia el sector privado, eso sí, con más contactos.

Ante tal politización de estos organismos, los costes se convierten en una cuestión interesante. Los informes que elaboran cuestan miles de euros, pero suelen ser papel mojado. Y es en este punto donde se abre otra cuestión, ¿son suficientes razones para ampliar sus competencias, como exigen? Por partes.

Juego político
La partida política ha empezado con la negociación de los cargos en la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y el recién creado Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (supervisará las televisiones, públicas y privadas).

Los dos primeros son los reguladores más importantes y con los órganos de gobierno más revueltos, donde el encaje de las piezas es complicado. En la CNE, hay dos vacantes que deben ser cubiertas para antes del 6 de mayo (dos consejeros con mandato terminado; el vicepresidente también ha finalizado su periodo pero no se renueva porque su figura desaparece con la Ley de Economía Sostenible). Además, hay cinco puestos pendientes para el 6 junio: la presidenta y cuatro consejeros.

SImilar es el caso de la CMT. También antes del 6 de mayo, tienen que cesar tres consejeros (dos de PP y uno de PSOE) y el presidente Reinaldo Rodríguez (en funciones desde 2008). En mayo cesa el mandato de Albert Martí (PSOE), y  en diciembre vencen otros tres.

Las quinielas en torno a la sucesión de los principales líderes ya han comenzado. Carlos Ocaña y Pedro Marín suenan para el primero; y Joaquín de Fuentes Bardjí y Bernardo Lorenzo, para el segundo.

La partida política seguirá con el Consejo Estado de Medios Audiovisuales, cuya creación ya viene cargada de polémica. El PP siempre ha estado en contra por considerarlo un organismo censor. Aquí existen siete vacantes (presidente y seis consejeros). El mandato tendrá una duración de seis años no renovable y sus sueldos se equiparan a los de ministros (presidente) y secretarios de estado (consejeros).

El organismo estará dotado en principio de una treintena de funcionarios de Industria y su ubicación está por decidir (el ministerio de Ramón Jáuregui, Presidencia, negocia con Economía). Tampoco tiene presupuesto aún.
Otro organismo que acaba de echar a andar es la Comisión Nacional del Sector Postal, donde existen dos puestos vacantes, que se podrían lanzar al saco de la negociación de 2011. Desde el Palacio de Zurbano y con cuatro millones, se encargará de velar por la correcta prestación del Servicio Postal Universal y la competencia del sector.

Pero este año, además, aún está en juego la presidencia de la CNC (el socialista Luis Berenguer debe cesar el 30 de septiembre). En la negociación podrían entrar los dos puestos vacantes del consejo.

Por otro lado, en la CNMV, existe otro hueco libre desde hace un año (cargo de cuatro años renovables una vez). Aquí hay que hacer un alto. A diferencia de otros reguladores, en el supervisor de los mercados bursátiles, los tres consejeros son nombrados por Economía; y además, forman parte del consejo la directora General del Tesoro y el Subgobernador del Banco de España.  "Los consejeros natos no tienen sentido. Hay que preservar la independencia. Si es por razones de coordinación, que planteen una comisión mixta. Se mete al ministerio de por medio", critica un experto.

Toda esta maraña de negociaciones abiertas se extiende a los órganos consultivos. Por ejemplo el órgano del Gobierno por excelencia, el Consejo de Estado, cuenta con ocho consejeros electivos, cuyos cargos pueden ser renovables cada cuatro años (sin límite de veces). En estos momentos, existe mayoría socialista, pero en enero de 2012, antes de las elecciones, también toca renovar a cuatro de ellos (tres de PSOE y uno de PP).

Además, existen dos puestos libres muy difícil de cubrir. La norma exige que entre los electivos existan dos que hayan participado en el consejo ejecutivo de una comunidad autónoma un mínimo de ocho años. Fraga, Bono (lo fue), Ybarra... podrían ser candidatos, pero quizás no han mostrado interés. Ninguno cobra un fijo, sino una dieta por asistencia al pleno, que se reúne una vez al mes.

Para después de las elecciones, hay otra tanda de cargos pendientes. Un ejemplo es la cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pendiente de renovación. Para 2012, también se esperan cambios en el Tribunal de Cuentas, que se encuentra en situación de renovación. Está formado por doce consejeros (uno de ellos es presidente). Fueron nombrados en noviembre de 2001 y su mandato de nueve años ya ha terminado (renovados sin límite). La situación favorece al PP y éste presiona para que permanezca  estancada.

Elevados costes
Detrás de esta peleas políticas, se encuentran organismos con unas fuertes estructuras. Manejan presupuestos de casi 1.000 millones (ver tabla), donde el principal gasto es la partida de personal, al estar dotados de una gran plantilla de abogados y economistas. En la CNMV hay 444 personas; en la CMT, 145; en el Tribunal de Cuentas, 599; en la CNC, 210; en la CNE, 216... El sueldo medio se sitúa en torno a los 70.000 euros. Pero los altos cargos superan casi siempre el del presidente del Gobierno (78.185 euros). El más elevado es el del Gobernador del Banco de España (200.000); le siguen los presidentes de la CMT (unos 136.000), la CNMV y CNE (unos 125.000), el CSN (98.202,3), según fuentes consultadas.

Los organismos se nutren normalmente de los Presupuestos del Estado, pero también existe una financiación vía tasas (el CSN cobra a las centrales, la CNE a los consumidores a través del recibo de la luz; la CMT a las entidades supervisadas...). Pero, ¿tiene sentido todo este gasto?

Para algunos, vendría justificado si los reguladores tuvieran más poder y superaran la barrera de órganos consultivos. La CNC aspira a convertirse en el regulador de los reguladores; la CMT quiere competencias en el mercado minorista y en el audiovisual; la CNE, fijar las tarifas energéticas, como  los países nórdicos. "No tiene sentido estas estructuras para crear informes no vinculantes. Para eso que haya comités de sabios", explican fuentes del sector. Esta será una cuestión que se tratará en los próximos meses. España tendrá que adoptar una directiva europea y tendrá que decidir entre Industria o  el regulador para fijar determinadas funciones. No obstante, la CNE ha dado ya un pequeño salto en independencia con al Ley Sostenible: se acabó el recurso de alzada ante Industria por parte de las empresas. Sus decisiones son más trascendentes.

Por último, y mientras los organismos siguen presionando para tener más poder, ¿por qué no crear una Comisión del Mercado de Contratación Pública? El Parlamento Europeo abrió el debate, pero en España parece que no despierta demasiado interés... Y no es por una falta de volumen (14.000 millones en licitaciones en 2011)...