Los alcaldes buscan en la pequeña picaresca fiscal para arañar ingresos

Si algo aviva la crisis es el ingenio. En el caso de los ayuntamientos, la asfixia recaudatoria lleva años animando a los alcaldes a pensar nuevos conceptos tributarios por los que cobrar alguna tasa, o alguna contribución especial, pero, cuando se comienza a agotar la imaginación, los tipos impositivos están disparados y la presión inspectora no parece dar más de sí, los consistorios empiezan a buscar ya hasta en la pequeña picaresca fiscal. Todo euro despreciado en el pasado es bueno ahora. Este cambio de filosofía es justo el que se está generalizando en la inspección del Impuesto sobre el Incremento del  Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), la llamada "Plusvalía Municipal".

La Plusvalía es, tradicionalmente, uno de los tributos locales donde más han campado a sus anchas el fraude y la picaresca. En su informe sobre fiscalidad local de 2010, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGCEE) estimaba la eficacia de la gestión recaudatoria del IIVTNU en el 80% para el año 2008, seis puntos menos que en el resto de impuestos directos y 3,4 puntos menos que los niveles de efectividad gestora en el año 2001.

Una fórmula típica de fraude se producía —y se produce— en el momento del cobro de una herencia que incluye inmuebles. El heredero recibe la herencia y paga el correspondiente Impuesto de Sucesiones, pero no eleva a pública la escritura hasta cuatro años después. Para entonces la deuda de la Plusvalía ha prescrito y el ayuntamiento, que no ha tenido conocimiento de nada, se queda sin cobrar.

Hasta fechas recientes, el único consistorio que tenía herramientas de peso para frenar estas prácticas era el de Madrid. La Ley de Capitalidad de 2006 establece, para el caso del Ayuntamiento madrileño, el denominado "cierre registral" en la Plusvalía Municipal. Al igual que todas las comunidades autónomas impiden, por ejemplo, que una operación con efectos sobre el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos se pueda registrar si no está liquidado el tributo, en Madrid sucede lo mismo con la Plusvalía.

¿Y el resto de consistorios? No cuentan ni con el argumento del cierre registral, ni con acuerdos con las CCAA para poder contrastar liquidaciones por Sucesiones e inmuebles que han cambiado de manos en el término municipal. Ante la dificultad de control, y dado que la Plusvalía, como se puede apreciar en el gráfico adjunto, no es, precisamente, el más importante de los tributos locales en términos de recaudación —menos aún tras el pinchazo inmobiliario—, los alcaldes miraban para otro lado.

En cambio, desde que arrancó la crisis, y muy especialmente en los últimos meses, los alcaldes han comenzado a generalizar la práctica de enviar a funcionarios a revisar el Registro Civil para cotejar fallecimientos con el padrón del IBI. "Ni el fraude con la Plusvalía es masivo, ni supone mucho ahorro para el defraudador, pero ahora cada euro cuenta, y especialmente para los ayuntamientos pequeños", reconoce un interventor municipal consultado por NEGOCIO.

Como apunta el experto en fiscalidad local Javier Martín, socio director de F&J Martín, la solución no es perfecta. Como explica Martín, si por ejemplo el inmueble está enmarcado en un régimen de gananciales, figura a nombre de la esposa y fallece el esposo, las pesquisas del funcionario no permitirán detectar el fraude. En una futura reforma de la Ley de Haciendas Locales quizá los alcaldes logren incorporar las salvaguardas legales con las que cuenta Madrid. Por el momento, toca seguir arañando ingresos por la puerta de atrás de la recaudación.