Los privilegios de los políticos contribuyen a su descrédito

Pero dejar el cargo puede ser todavía más beneficioso. A las pocas semanas de que el Gobierno socialista haya reformado el sistema de pensiones, alargando la edad de jubilación y ampliando de 15 a 25 los años cotizados para recibir la pensión mínima, las diferencias entre los requisitos de un parlamentario y un trabajador español para percibir una pensión difieren escandalosamente.

Según el Reglamento de Pensiones Parlamentarias aprobado el 14 de julio de 2006, los diputados y senadores de las Corte Generales tienen blindada la pensión máxima de jubilación. A partir de los 65 años, los parlamentarios reciben el 100% de la misma (2.466 euros en 14 pagas) si han ejercido su labor representativa durante un mínimo de 11 años. Si su periodo en Cortes ha sido superior a nueve años, reciben el 90% de la pensión y si han superado los siete, recibirán el 80%.

Esta cuantía no afectará a otros tipos de salarios o pensiones que puedan recibir por detentar otros cargos públicos o privados. Esta quizás es la mayor diferencia con el resto de trabajadores cotizantes en la Seguridad Social, ya que un ciudadano nunca podrá percibir dos salarios del Erario público.

Además, sus señorías pueden jubilarse a los 60 años con 40 de cotización, frente a los 67 que establece la nueva reforma de las pensiones.

En realidad sólo 81 de los 3.609 parlamentarios que han pasado por las Cortes desde 1977 han solicitado percibir esta pensión complementaria a la jubilación que se carga al presupuesto de las cámaras, pero permite a todos los diputados tener derecho al subsidio más elevado por permanecer unos años en el escaño. La mayoría de los políticos, al ser preguntados por lo abultado de sus salarios y pensiones, siempre responden que tienen un estatus parecido a otros países del entorno, pero esta equiparación no es igual para el común de los trabajadores.

No obstante, las Cortes en su conjunto financian además el denominado plan de previsión social de los parlamentarios. Este es un plan privado de pensiones contratado con el BBVA al que sus señorías destinan una parte de sus salarios. Una buena parte de ese fondo se financia con los presupuestos que tiene la Mesa del Congreso y el Senado, dependientes directamente del bolsillo de todos los españoles. La cantidad anual destinada a este concepto es desconocida a día de hoy y no existe información al respecto. Este es uno de los puntos negros que hace dudar de la transparencia de las Cortes Españolas y deja en manos del imaginario popular las consideraciones sobre la honradez de sus representantes públicos.
 
Cese de actividad
Además de las facilidades para percibir la pensión máxima, desde 2006 los diputados y senadores se pueden beneficiar de una indemnización por cese de actividad. Es decir, reciben un complemento de jubilación equivalente a una mensualidad de su salario por cada año en el cargo, hasta un máximo de 24 pagas. Un parlamentario raso recibe 2.918 euros brutos al mes más los gastos mensuales por alojamiento, manutención que rondan los 1.700 euros. A eso habría que añadirle los complementos asociados al cargo (presidentes de Cámara, miembros de la Mesa, gastos de representación, pertenecer a comisiones...). En general, el salario de un parlamentario español oscila en una horquilla que va desde los 14.420 euros mensuales del presidente de la Cámara a los 4.000 que percibe un diputado sin más atribuciones.
Pero esta situación tiene visos de cambiar, o por lo menos los parlamentarios intentan tomar conciencia de que esta situación tiene que cambiar. A lo largo de la legislatura UPyD lleva proponiendo eliminar el complemento de pensiones que disfrutan sus señorías. Además, una iniciativa reciente del grupo parlamentario de ERC-IU-ICV propone endurecer el régimen de incompatibilidades al que están sujetos los altos cargos públicos y limitar las indemnizaciones que reciben éstos una vez que abandonan la actividad.
El presidente del Congreso, José Bono, y el del Senado, Javier Rojo, enviaron recientemente una misiva a los grupos parlamentarios para pedirles ideas sobre la reforma de los complementos de las pensiones parlamentarias, las incompatibilidades y la publicidad de los bienes de los políticos. Esta carta fue precedida por una intervención del líder del PP, Mariano Rajoy, quien pidió acabar con el sistema de complementos de pensión para parlamentarios.
En la respuesta de los principales partidos ha quedado claro que van a estudiar todas las prebendas de las que gozan sus señorías y parece que se toma en consideración la propuesta de que los parlamentarios cobren un solo salario y no puedan percibir ingresos ó por actividades privadas o por desempeñar otros cargos. Además, parece que se extiende la idea de que todos los parlamentarios deben hacer públicos sus bienes y patrimonio. Pero de momento no hay nada concreto aprobado.

Pero sin género de duda, los sueldos vitalicios de los ex presidentes del Gobierno no se variarán. Tanto Adolfo Suárez, como Felipe González y José María Aznar tienen derecho a percibir una pensión vitalicia de 82.000 euros anuales, que además incluye coche oficial, secretaria y cuerpo de seguridad.
Esta asignación vitalicia que el Estado ofrece a quienes dirigieron el Ejecutivo español fue instaurada en 1983 y es irrenunciable para los dos partidos mayoritarios. Tanto PP como PSOE se han opuesto públicamente a la remodelación de este apartado.

Miembros del Gobierno
Los miembros del Gobierno, incluidos los secretarios de Estado, tienen derecho a una indemnización por cese de actividad los dos años siguientes al abandono del cargo y cobran lo mismo que si siguieran en activo (73.486  euros anuales para los vicepresidentes y 68.981 euros anuales para los ex ministros).

Esas indemnizaciones se cobran aunque la persona cesante haya pasado a ocupar un cargo también remunerado públicamente. Por ejemplo, así lo cobran María Teresa Fernández de la Vega en el Consejo de Estado y José Antonio Alonso como portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso.
Se puede renunciar a la prebenda, pero no se sabe quién lo ha hecho, ni del PSOE ni del PP. La excusa para introducir este complemento fue que los ministros y secretarios de Estado tienen incompatibilidad para trabajar en empresas privadas del mismo sector durante dos años.

El embrollo autonómico
Algo más complejo es determinar las pensiones que perciben los políticos autonómicos, ya que cada región española determina en su propia legislación si sus ex presidentes, ex consejeros y ex diputados perciben una indemnización o ayudas o complementos tras el cese de su actividad. Además, la mayoría de los ex presidentes autonómicos tiene derechoa  contar con un funcionaro a su cargo y coche oficial con conductor de por vida.

En este apartado, los más beneficiados son los políticos vascos. Tanto el lendakari como sus viceconsejeros y consejeros tienen derecho a percibir una pensión de jubilación del 50% del salario. Actualmente el salario anual del lendakari es de 97.518 euros al año, un consejero gana unos 87.000 euros y un viceconsejero unos 78.700 euros. En cambio, los diputados autonómicos vascos no tiene derecho a alguna pensión.

En Navarra, los ex presidentes y ex consejeros tienen derecho al 80% de su sueldo durante dos años como máximo.

Otro caso especial es el de Cataluña. El honorable Jordi Pujol estableció que los ex presidentes de la Generalitat podrían cobrar el 80% de sus salario durante la mitad del tiempo que ocuparon el cargo. Así, Pujol ingresa 123.00 euros anuales durante 12 años ya que estuvo 23 al frente de Cataluña. Otro ejemplo es el de José Montilla, que recibirá unos 136.000 euros anuales durante cuatro años.

En Andalucía el ex presidente y los ex consejeros perciben el 50% del salario en concepto de pensión una vez que dejan el cargo. Aproximadamente unos 45.000 euros anuales. Además, los parlamentarios regionales tiene derecho a una asignación económica de hasta 12 meses, correspondiente a una mensualidad de su sueldo por año trabajado.

El ex presidente de la Junta de Extremadura tiene derecho a cobrar una pensión vitalicia del 60% del sueldo y los ex altos cargos autonómicos reciben un complemento vitalicio en sus pensiones.

En La Rioja la indemnización sólo la percibe  el presidente y se cifra en 45 días de sueldo por año trabajado. En Galicia, los ex presidentes  puedan optar a formar parte del Consello Consultivo de Galicia o bien, como alternativa, recibir durante dos años una compensación económica del 60% del salario (72.232 euros brutos anuales) Tanto Gerardo Fernández Albor (AP) y Emilio Pérez Touriño (PSOE) forman parte del consejo consultivo y reciben 67.000 euros anuales.

Consejos consultivos
En otras comunidades autónomas la situación es diferente. En Madrid, ambas castillas, Comunidad Valenciana y Asturias los ex presidentes pueden optar voluntariamente a formar parte como miembros natos de los consejo consultivos de cada territorio percibiendo un salario muy similar al de presidente. En algunos casos esos puestos son vitalicios y en otras ocasiones pueden tener una durabilidad determinada, que casualmente es renovada por otra vía. Por ejemplo, en Castilla y León el mandato de los miembros del consejo, con carácter general, es ininterrumpido hasta los 70 años. No obstante, pueden prorrogar hasta los 75 años, a petición del interesado. En Madrid sólo Joaquín Legina pertenece al Consejo Consultivo y lo hace con carácter vitalicio.   

En el opuesto se encuentran regiones como Cantabria, Aragón, Murcia, Islas Baleares o islas Canarias donde los ex presidentes y ex parlamentarios no reciben ningún tipo de pensión o indemnización por abandonar el cargo público por el que fueron elegidos.