Mar, 31/01/2012 - 23:00
“Haremos una lista de reglas fiscales conflictivas para que se cambie la ley”
ENTREVISTA: Antonio Durán-Sindreu, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales
Hace años, un ciudadano de Reus (Tarragona) planteó un recurso sobre el IRPF ante el Tribunal Constitucional y acabó forzando al Gobierno a diseñar toda una nueva ley de Renta. Y es que “en el sistema tributario hay elementos que son de dudosa constitucionalidad”. La sentencia es propiedad de Antonio Durán-Sindreu, desde el pasado 1 de enero presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Aedaf. Pero Durán-Sindreu, que asume su segundo mandato al frente de la asociación en un contexto económico radicalmente distinto que el existente en su primera etapa (2000-2003), matiza. Para este catalán experto en materia tributaria, la norma fiscal requiere de una reforma profunda desde la “sensatez”, tratando de que la “confrontación” de los contribuyentes vía recurso deje paso al “diálogo” con la Administración.
Pregunta: El PP prometió a los ciudadanos una gran reforma fiscal. De momento, lo que ha hecho es subir impuestos. ¿Le sorprende el giro de los acontecimientos?
Respuesta: En cuanto a la subida del IRPF, desde el punto de vista social no es muy justa. Tomar decisiones tan contrarias a un programa electoral podría parecer un suicidio político. Sin embargo, creo que conviene esperar a analizar las reformas económicas en su conjunto, cuando se completen. De entrada, había que reducir el déficit y, puestos a subir impuestos, técnicamente Renta era la mejor opción, porque se trata de un impuesto progresivo y el alza es reversible. Ahora me gustaría que el Gobierno dijese que no sabe si tendrá que volver a subir impuestos, porque la intuición te dice que hará falta y que esta vez es el IVA quien tiene todas las papeletas. De todas formas, si los impuestos sirven para financiar un gasto ineficaz, subirlos no tiene sentido.
P: ¿Y, puestos a cambiar el panorama tributario, como plantea el Gobierno, dónde hay que actuar?
R: El sistema fiscal está haciendo aguas por todos lados y necesita una reforma integral. IRPF y Sociedades deberían converger en tipos medios del 20%-25%. Entre el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones quizá haya que quedarse con uno. Además, existe recorrido en imposición medioambiental. El sistema fiscal debe ser muy simple, incentivando la actividad productiva para generar riqueza. En el terreno autonómico, creo que la competencia fiscal es buena, pero ahora las desigualdades resultan excesivas, como también lo son las obligaciones formales, un lastre importante que está ahogando a los contribuyentes.
P: Pero, en los tiempos que corren, también se habla mucho de que paguen más los que más tienen, de ricos y grandes empresas, y por supuesto de reforzar la lucha contra el fraude...
R: Desde luego, antes de reformar el IRPF, y si de verdad se quiere que paguen más los que más tienen, hay que ser sinceros y mirar dónde están sus ingresos. Habrá que revisar el uso de prácticas actualmente lícitas que frenan la progresividad del impuesto. No podemos sacrificar solo a contribuyentes con rentas del trabajo, que además son los que van a soportar el grueso de la última subida, con la excusa de que buscar alternativas legales, como la de frenar la huida al Impuesto sobre Sociedades, pueden implicar una deslocalización de capitales. Y, en Sociedades, el consumidor de incentivos es la gran empresa. Si seguimos la tendencia europea y vamos a tipos más bajos sin deducciones, el sistema tendrá menos distorsiones, será más justo y habrá menos fraude fiscal.
P: ¿No teme que la presión recaudatoria fuerce la maquinaria de la inspección?
R: La lucha contra el fraude es una obligación de todo Gobierno y una responsabilidad de cualquier ciudadano, con o sin crisis, pero esa batalla no pasa por llevar criterios interpretativos al extremo para recaudar más. Yo tengo fe en la Administración, pero cuando hablamos de fraude muchas veces se trata de una disparidad de criterio. Ejemplo de ello es el asunto de Málaga del año pasado [regularizaciones por IVA a administradores con nómina y relación laboral] o la normativa sobre operaciones vinculadas [intragrupo], que es absurda, compleja y genera conflictividad.
P: Precisamente la rebaja de la litigiosidad es otra de las grandes promesas del PP en materia tributaria. ¿Tiene recetas que ofrecer?
R: Por ejemplo, en materia de reestructuraciones empresariales: si la administración opina que no hay motivo económico válido, que eche para atrás la operación, pero sin sanción. Luego está el arbitraje independiente, que reduciría la conflictividad en los tribunales. El órgano de arbitraje podría ser el propio Consejo para la Defensa del Contribuyente. La realidad es que vivimos en una total y absoluta inseguridad jurídica por normas mal hechas que llevan al conflicto y porque la Agencia Tributaria no te suele aclarar sus criterios. Ya no sabes qué asesorar al cliente. La labor represiva de la Agencia está bien, pero también es necesaria una labor preventiva y de transparencia que, hoy por hoy, no existe.
P: ¿Y, en este contexto, qué se puede hacer desde Aedaf?
R: Queremos recoger en un documento los puntos más importantes de la norma tributaria que están generando conflictividad para proponer los cambios legislativos correspondientes. También pretendemos llevar a la sociedad debates como el de la confiscatoriedad, donde ya estamos en situaciones de dudosa constitucionalidad. Aemás, hay que poner límite a las exigencias de la Administración en materia de obligaciones formales como la notificación telemática y queremos intensificar la relación con el poder judicial, que es el último aplicador del derecho. Por otra parte, la vía del recurso ante las instituciones europeas se va a seguir utilizando para cuestiones de interés general. Quizá el motivo económico válido y algunos casos de incorrecta transposición de la Directiva del IVA serían algunos ejemplos.
P: ¿Qué crédito le otorga al Foro con Asesores creado por la Agencia Tributaria?
R: El actual marco de colaboración con la Agencia viene precedido de una cierta imposición. No nos debemos ver como partes enfrentadas. Los asesores e inspectores que tienen conductas reprobables son la excepción. Yo siempre apostaré por el diálogo, y el foro es un avance, pero aún muy tímido.
P: ¿Qué le parece la propuesta de un Pacto Fiscal para Cataluña?
R: No es un tema técnico, sino político, y como tal sobre esto Aedaf no va a tener opinión nunca. Como todo problema político, hay que aplicar mucho sentido común. La confrontación no lleva a ningún lugar. Hay que sentarse y hablar.

